La subcoordinadora de política social del grupo parlamentario de PAN en el senado Beatriz Zavala Peniche, propuso modificar la Constitución para garantizar la existencia de un padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo del Estado y que pueda inhibir su uso con fines políticos o electorales en los tres niveles de gobierno.

“Requerimos que los otros ordenes de gobierno entren en estos temas y no queden excluidos de garantizar que los programas gocen de la aplicación de esta imparcialidad con la que deben ser entregados”, apuntó.

La senadora por Yucatán expuso que dicho padrón deberá contener la información relativa a los programas a niveles estatales y municipales. “Tener un padrón permite ejercer una supervisión de la operación de los mismos en las entidades federativas y sus municipios del ejercicio”.

Dicho padrón, continuó, permitirá acotar “los márgenes de discrecionalidad de quienes los operan”, pues los obligará a recompensar la naturaleza de los recursos que manejan y no permitirá que se aparten de las reglas que determinen el funcionamiento ordenado y legal de dichos apoyos.

Zavala Peniche recordó que la actual legislación establece normas para los programas sociales que pone en operación el Ejecutivo Federal, por eso esta reforma se da con el fin de establecer desde la Constitución el perfil que deben tener los funcionarios públicos que los haga imparciales.

“Tanto en la federación como en los estados y municipios, el D.F. y sus delegaciones, todos deberán contar para su ejercicio con reglas mínimas de operación, listados de beneficiarios y someterse a los lineamientos de transparencia y acceso a la información", precisó.

Asimismo la iniciativa garantizará la fijación de un perfil que se determinara en las leyes respectivas, de servidores públicos que tengan a su cargo la aplicación de programas de desarrollo social con imparcialidad y responsabilidad en todos los niveles de gobierno.

La reforma propuesta permitirá evitar la comisión de “hechos contrarios o ajenos a la norma” pues son “medidas de protección de los derechos de los beneficiarios” y modificará el Artículo 134 de la Constitución para su efecto, concluyó.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.