El miércoles pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró que ha sido aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos por la mayoría de las legislaturas locales y la envió al Ejecutivo para su promulgación. Es una reforma que debemos difundir ampliamente para que sea conocida por toda la sociedad.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos es resultado de la conjugación de diversas propuestas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en un afán por fortalecer el reconocimiento, protección y defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos y de los extranjeros que se encuentran en territorio nacional.

De ahora en adelante, el Capítulo I del Título Primero de nuestra Constitución ya no se denomina “De las garantías Individuales”, sino “De los derechos humanos y sus garantías”.

Para Acción Nacional, los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana.

Para los legisladores de Acción Nacional no se trata de una cuestión de simple discurso. No se trata tampoco de un punto programático en el que podamos tener coincidencias con otras fuerzas políticas. Tampoco es cuestión sólo de concretar la modernización de nuestras instituciones. La esencia de la tarea de Acción Nacional es alcanzar el pleno respeto a la eminente dignidad de la persona.

Para nosotros, este principio constituye el centro de todas nuestras tesis y coincide con los más avanzados planteamientos de la teoría de las instituciones y de las relaciones internacionales, que colocan al ser humano como centro de los procesos de desarrollo.

Una reforma como ésta reconoce por fin en nuestra Constitución que los derechos humanos son inherentes a la persona. Coloca en su sitio el criterio básico y fundamental de que esta dignidad de la persona es anterior a nuestro derecho positivo y que, por lo tanto, no está sujeta a que el Estado la otorgue por la vía del orden jurídico. Esta reforma reconoce por fin la naturaleza humana como fuente del derecho y como fundamento de los derechos humanos.

Es evidente que quienes no compartían estos principios, por años respaldaron los criterios que daban a los gobernantes de todos los ámbitos, la posibilidad de suspender garantías, de atropellar libertades, de ejercer el poder como patrimonio de un grupo. Pero ya nunca más ningún funcionario público podrá ignorar su obligación de respetar los derechos humanos.

Con esta reforma, los derechos humanos se reconocen como inherentes a la persona y, por lo tanto, no podrán revocarse. Podrán ser restringidos o suspendidos temporalmente mediante un estricto control distinguido por los pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión, necesarios en todo país democrático.

Sobresalen además las reformas que refuerzan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la defensa y promoción al respeto de los derechos humanos. La CNDH necesitaba ser fortalecida en su autonomía, en su facultad de investigación de violaciones a los derechos humanos, en su labor para obligar a los servidores públicos a responder sobre la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones, en contar con el poder para que los funcionarios comparezcan para explicar sus motivos para negarse a cumplir una recomendación. Esta es una respuesta para las personas que hoy esperan contestación de las autoridades ante la existencia de una recomendación de la CNDH.

Esta reforma es, sobre todo, una respuesta a los ciudadanos, a cada una de las personas a las que el Estado debe garantizar el conjunto de libertades y medios por los cuales cada una de ellas pueda cumplir dignamente con su destino.

El reto que tenemos ahora los legisladores consiste en construir, dentro del plazo de un año, las leyes necesarias que permitan hacer efectivo el reconocimiento y garantizar el respeto a las disposiciones constitucionales aprobadas.

Con las Reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se regularán las nuevas atribuciones que la reforma constitucional le otorga.

Debe introducir la Ley de Reparación de Violaciones a Derechos Humanos, para establecer la forma en que el Estado cumplirá con su obligación de reparar los daños que se les causen a las personas que sufrieron una agresión a su persona.

Debemos expedir la Ley de Asilo, para establecer la procedencia y las excepciones para otorgarlo a las personas que se vean perseguidas por cuestiones de índole política.

Debemos tener una Ley de Expulsión de Personas Extranjeras, para asentar claramente el lugar y el tiempo que dure la detención, así como el procedimiento administrativo a que deberá sujetarse toda expulsión de extranjeros que pretenda hacer el Poder Ejecutivo, garantizando en todo momento el derecho de previa audiencia.

Debemos contar con una Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, en materia de restricción y suspensión de garantías, donde se establecerá el procedimiento a seguir para que se pueda restringir y suspender el ejercicio de los derechos y garantías de las personas, respetando en todo momento aquellos derechos que por disposición constitucional no podrán ser restringidos.

Pero nuestro más importante compromiso debe ser construir una sociedad que defienda y promueva los derechos humanos y las leyes, una sociedad en la que predomine sean las leyes.

Como señalaba Manuel Gómez Morín: “El Estado no interviene para delimitar los derechos del hombre, que son por naturaleza ilimitables, como son también imprescriptibles e irrenunciables. Sólo hay un límite al derecho de un hombre, que es el derecho de los demás hombres.”

Del pleno conocimiento y protección jurídica a los derechos humanos, depende la existencia de un estado democrático y de derecho.