La Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó hoy por unanimidad el dictamen de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Yucatán, con base en la iniciativa que presentó el 13 de octubre pasado la Dip. Magaly Cruz Nucamendi, la cual fue combinada con una propuesta similar que envío recientemente el Ejecutivo estatal.

Aunque el dictamen que elaboró la Secretaría General no lo tomó en cuenta, durante el análisis del mismo en la sesión de hoy, la legisladora panista solicitó incluir también la Red estatal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito, la cual ya está prevista en la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que, entre otros puntos, tiene como fin crear un enlace entre todas las instituciones vinculadas con el tema, para que, entre otras cosas se evite que la víctima tenga que relatar su caso cada vez que acuda a alguna de ellas.

—Es volver a victimizar a la víctima (el tener que repetir los sucesos) –recalcó la Dip. Cruz Nucamendi.
La Red, además de numerosas instituciones gubernamentales, contaría entre sus integrantes con representantes de organismos no gubernamentales. Al final, se hizo la modificación respectiva para incluir ese punto.

Fue la única observación que hizo la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, quien felicitó a la Secretaría General por el trabajo realizado al combinar las dos iniciativas.

La Ley tiene como objeto establecer las medidas de atención y protección a las víctimas de un delito y garantizar sus derechos, tanto los consagrados en la Constitución federal, como en los tratados internacionales y demás disposiciones.

Entre otras propuestas de la legisladora de oposición, la nueva Ley, de ser aprobada, como se espera, por el Pleno en su siguiente sesión, incluye la creación del Fondo general de reparaciones a las víctimas del delito, que se constituirá con los recursos económicos y presupuestales necesarios para cubrir los derechos de la víctima en materia de asesoría jurídica, asistencia médica y psicológica y la reparación del daño. También operaría cuando el sentenciado no pueda reparar el daño a la víctima.
Entre los derechos de las víctimas, estará el de ser informado oportuna y adecuadamente de sus derechos, ser tratado con atención y respeto, recibir asesoría gratuita, la reparación del año y las medidas cautelares para la protección de sus derechos, resguardar su identidad y otros datos personales, atención médica y psicológica.

La Fiscalía General establecerá líneas telefónicas gratuitas de apoyo, orientación y asistencia a las víctimas por parte de la Fiscalía General.

Se crea un Comité Técnico para la atención que tendrá por objeto promover, proponer y concretar acciones a favor de la atención y protección a las víctimas del delito.El dictamen fue aprobado por unanimidad.

Durante la sesión también fue aprobado por unanimidad el dictamen de la Ley de Protección a Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal del Estado de Yucatán.