Con su mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados del PRI exoneraron al secretario estatal de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez, y lo libraron de ser sometido a juicio político por haber violado las leyes del estado al aceptar en donación un terreno en Chabihau, municipio de Yobaín.

Los diputados panistas Tito Sánchez Camargo y Renán Barrera Concha, secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión, votaron en contra del acuerdo signado por la mayoría priísta.

—No fue comprobable ni a titulo presuntivo (los cargos atribuidos); no es procedente (iniciar el juicio político) porque no se actualizan actos u omisiones (del tesorero) que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; la denuncia, son meras suposiciones subjetivas; es improcedente la denuncia y por tanto no amerita incoar el procedimiento debido a que las conductas atribuidas no corresponden a las establecidas en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, etc., fueron algunos de los argumentos que los diputados priístas plasmaron en el dictamen que votaron a favor.

Los legisladores oficialistas, en parte de su argumentación, recurrieron, en este que es de alcance jurídico, las definiciones del diccionario de la Real Academia Española para definir algunos de los términos utilizados en su razonamiento.

El Dip. Sánchez Camargo manifestó que está en contra del sentido del dictamen ya que no está de acuerdo en que se considere que las conductas atribuidas al tesorero al haber recibido en donativo un terreno que debe ser propiedad pueblo de Chabihau, no corresponden a lo establecido el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades para que se le pueda iniciar juicio político.

—Lo que vemos es una triste actuación de algunos de los integrantes por proteger a alguien –recalcó... Los abogados que votarán (a favor de exonerar al tesorero) lo harán por instrucciones o una diferente percepción. Está claro que debe ser incoado el procedimiento. Tengo la esperanza de que algún día esta comisión sea responsable en estos temas. Es el segundo caso en el que se toma igual decisión (el anterior fue la solicitud de juicio político contra la alcaldesa Angélica Araujo Lara por la agresión a ciudadanos que protestaban por la construcción del paso deprimido en el Paseo de Montejo, la cual también fue desechada). Lamento que se dejen llevar por una apreciación subjetiva.

A su vez, el Dip. Barrera Concha recordó que en la sesión de ayer expuso los elementos por los que consideraba procedente el juicio político el cual es un claro ejemplo que no requiere mayor discusión ni debate, pero lamentablemente la forma como la comisión funciona no es a favor de los ciudadanos, sino a favor de un funcionario y de un gobierno en su conjunto.

—Es correcto decir que esta Comisión no puede juzgar pero sí determinar si hay o no acciones u omisiones que deriven en la decisión de iniciar un juicio político –añadió.. Ya está definido lo que va a pasar y no lo compartimos.