El nacimiento de la Ley de Atención a Víctimas del Delito es prueba fehaciente de que cuando se dejan a un lado los intereses partidistas y se tiene la voluntad política para lograr consensos, es posible otorgarle a Yucatán la mejor legislación posible y continuar con el desarrollo en materia de justicia, y darle a los ciudadanos las herramientas necesarias para que sus derechos fundamentales sean realmente protegidos y respetados, dijo la Dip. Magaly Cruz Nucamendi al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario a favor del dictamen respectivo.

Esta Ley es producto de la fusión de la iniciativa que presentó la coordinadora de la bancada panista y la que envió el Poder Ejecutivo.

—Me congratulo porque esta Ley viene a complementar el marco normativo del nuevo sistema de justicia penal y estoy segura que le dará más garantías y protección de los derechos de las personas que son víctimas de algún delito –expresó.

La Dip. Cruz Nucamendi detalló algunos de los avances de la nueva ley: el derecho de recibir asesoría jurídica gratuita desde el inicio del proceso, para acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial, a recibir asistencia médica, psicológica o psiquiátrica de urgencia desde el principio, y a no ser presentada ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento.

La coordinadora panista destacó la protección especial que se dará a las víctimas que forman parte de los grupos vulnerables, como las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores.

Añadió que se creará un Comité Técnico Interinstitucional para la Atención y Protección de las Víctimas del Delito, órgano de asesoría, apoyo y evaluación, y que tiene entre sus objetivos promover, proponer y concretar diversas acciones a favor de la atención y protección de las víctimas del delito y permitirá crear la Red Estatal de Atención a Víctimas del Delito que permitirá establecer la coordinación interinstitucional que facilite la capacitación permanente del servidor público respecto de los derechos humanos de las víctimas del delito, así como la coordinación efectiva entre las diferentes dependencias públicas y privadas, con la intención de armonizar la información de las víctimas del delito que manejen los diferentes organismos, y de esa manera evitar volver a victimizar a la víctima y proteger sus derechos humanos fundamentales.

—Se crea el Fondo General de Reparaciones a las víctimas del delito, el cual estará constituido por los recursos económicos y presupuestales necesarios para satisfacer los derechos de las víctimas y que será administrado por un fideicomiso bancario –expresó la Dip. Cruz Nucamendi—. Este fondo dará certeza a la víctima que cuando exista una sentencia firme en la que se condene el pago de la reparación del daño a su favor, éste se haga de acuerdo con las disposiciones presupuestales del mismo fondo.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.