Carlos González Flota, representante del PAN ante el Ipepac exhortó esta mañana a los Consejeros Electorales a cumplir la ley y tener presente que su función es garantizar elecciones democráticas y equitativas a los ciudadanos yucatecos.

"Si su decisión sigue siendo no cumplir con esa responsabilidad, de nueva cuenta les pido que mejor renuncien", puntalizó en su intervención en la sesión del órgano electoral.

Explicó que el pasado 15 de diciembre del año en curso el Consejo General emitió un acuerdo por el que modificó y reformó diversas disposiciones del Reglamento de Precampañas del IPEPAC para permitir que los precandidatos únicos hicieran una precampaña pública y exterior con propaganda dirigida al electorado en general, violando los principios electorales de legalidad y de equidad de la contienda; y permitiendo que algún precandidato único al Gobierno del Estado de Yucatán o a algún otro cargo, pudiera realizar verdaderos actos de anticipados de campaña, simulando una precampaña interna, y con el permiso del árbitro electoral.

Acción Nacional se inconformó contra esa decisión del IPEPAC y promovió el Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante la Sala Superior del TRIFE, la cual emitió sentencia el pasado 21 de diciembre declarando fundados los argumentos del PAN y ordenó al IPEPAC que en 24 horas se modificará el reglamento en los términos ordenados en su ejecutoria.

La sentencia claramente indica que “se permite la realización de actos de proselitismo con publicidad exterior a los precandidatos en la precampaña, siempre que no tengan la calidad de únicos o designados de manera directa”.

Las consideraciones de los Magistrados del TRIFE al dictar esta sentencia del “Caso Yucatán”, ya ha tenido trascendencia nacional.

A nombre de Acción Nacional, González Flota solicitó al Consejo General se ciña en su actuar a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, y que sea un árbitro que permita la equidad de la contienda y que no dé claras muestras de permitir y solapar precampañas de precandidatos únicos, las cuales prohíbe la ley y las decisiones judiciales; respecto de lo cual ya han sido evidenciados por el TRIFE.